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Un magistrado del Supremo venezolano pide protección en Estados Unidos

Por Publicado Enero 08, 2019

Christian Zerpa, magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ha huido a los Estados Unidos. Declaró que está en desacuerdo con los elementos jurídicos y políticos que soportan la nueva toma de posesión de Nicolás Maduro, el 10 de enero, y ha pedido protección al Gobierno estadounidense, desde el supuesto de que se apresta a colaborar con las autoridades de este país. Activista político, Zerpa fue diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) entre 2010 y 2015. Entre otras cosas, ahora mantiene que fue incorporado al máximo tribunal del país promovido por Cilia Flores, abogada y esposa de Maduro, bajo el supuesto de que se trataría de una ficha leal a los intereses del chavismo. “En Venezuela no hay ninguna independencia de poderes. Las decisiones más importantes del estado se toman en Miraflores y los demás las acatan”, afirmó. Dijo además que otros funcionarios y magistrados del tribunal tienen una inconformidad similar con la toma de posesión de Maduro y la marcha del país, y que no hablan por temor a represalias. Aunque desconocido por el grueso de la población, Zerpa ha estado directamente vinculado a las decisiones judiciales más intrincadas y polémicas producidas por el Estado bolivariano en estos años, todas de enorme impacto político, destinadas a consolidar su presencia en el poder independientemente de la opinión de los ciudadanos. Como miembro de la Sala Electoral del TSJ, Zerpa fue el juez que aceptó la demanda del diputado Héctor Rodríguez, del PSUV, en la cual se planteaba la hipótesis de una compra de votos en el Estado Amazonas en favor de los diputados opositores. Estos parlamentarios de Amazonas eran los que le daban a la oposición la mayoría absoluta del hemiciclo y el control del poder legislativo. La resolución judicial inició un forcejeo entre el tribunal y el nuevo Parlamento, que desencadenó, poco después, una confusa sentencia en la cual se acusa al poder legislativo de estar “en desacato”, con lo cual jamás ha podido legislar ni ejercer sus funciones. Tres años después, la Sala Electoral todavía no se ha pronunciado sobre las denuncias de Héctor Rodríguez.

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